Gallos de Pelea - FAS

A propósito de las propuestas de reconciliación de Edgar Núñez y Mercedes Cabanillas

Francisco Chirinos Soto.
La Razon

Las dos proposiciones, surgidas al interior de la Célula Parlamentaria Aprista, persiguen un idéntico y saludable propósito, cual es poner término a la persecución judicial contra los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, a quienes se involucra en acciones que, desarrolladas dentro del marco de la guerra que tuvo que enfrentar el Perú contra la subversión terrorista, pudieran haber incurrido en excesos susceptibles de sanción penal. La una y la otra están destinadas, adicionalmente, a provocar la gritería estrepitosa de sectores que se reclaman defensores supremos y acaso único de los derechos humanos.

El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Edgar Núñez, ha presentado un proyecto destinado a la expedición de una ley de amnistía a favor de los militares que intervinieron en ese formidable operativo conocido como Chavín de Huántar, que sirvió para liberar a decenas de personas que habían sido sometidas a un largo y penoso cautiverio por parte de un grupo armado del MRTA. La amnistía es, según lo señala el artículo 89° del Código Penal, la eliminación legal del hecho punible y trae consigo el silencio perpetuo respecto del mismo.

He escuchado, al respecto, otra voz discordante, aunque de tonalidad distinta. Ha sido la de Lourdes Flores Nano, quien señala que la amnistía asegura la impunidad. Valiente conclusión. Claro que para eso sirve la amnistía. Para evitar el procesamiento y la posible sanción en determinados hechos, pero tal decisión, que corresponde al supremo órgano representativo de la soberanía popular cual es el Poder Legislativo, ha de apoyarse necesariamente en consideraciones superiores. En este caso concreto, habría motivos holgadísimos para extender ese perdón anticipado a un grupo que brindó un abnegado y heroico servicio a la Nación, que incluyó el sacrificio de dos de sus miembros en plena acción militar.

La amnistía puede hacerse extensiva a otros casos en que se hallan comprometidos miembros de las fuerzas armadas o policiales. En todo caso, los alcances de una ley de amnistía los debe precisar el órgano legislativo que la expide. Sin embargo, debe quedar perfectamente entendido que la amnistía solamente puede proteger a personas que todavía no han sido objeto de sentencia judicial firme.

Por su parte, la congresista Mercedes Cabanillas es autora de una iniciativa a través de la cual propone la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar casos concretos de procesos ya sentenciados en que hayan sido impuestas condenas injustas por falta de sustento probatorio adecuado. La comisión propondría al Ejecutivo la concesión de indultos a quienes estuvieran purgando penas a las cuales se considere injustas a través del estudio que lleve adelante de los respectivos expedientes.

La propuesta de Meche Cabanillas trae al recuerdo la comisión que ya se formó en las postrimerías del régimen fujimorista, integrada por un representante del Ministerio de Justicia, otro de la Defensoría del Pueblo y el sacerdote belga Hubert Lansier, que se entregó diligentemente al estudio de varios centenares de procesos sentenciados y que, como producto de sus conclusiones y sus recomendaciones, fueron concedidos numerosos indultos. Dentro de idéntica corriente figuró el indulto concedido nada menos que a don Yehude Simon, Presidente del Consejo de Ministros, ya bajo el régimen transitorio del doctor Valentín Paniagua.

Discrepé entonces, como ahora discrepo, de esa clase de solución, porque el indulto, por su propia naturaleza, es el perdón o la remisión de la pena, pero con la subsistencia de la condena. A quienes son inocentes, como Yehude que fue inicuamente condenado por un tribunal sin rostro o tantos otros que lo fueron en la misma medida, no se les debe indultar, sino anular sus respectivas sentencias. Debieron llevarse adelante, aunque ello supusiera en su momento alguna actividad un tanto complicada, procesos destinados a invalidar aberraciones judiciales como las que se cometieron. El indulto terminó, es verdad, con la injusticia de una prisión inicua, pero no alcanzó a borrar de la faz de la tierra esas sentencias.

Por eso es que, frente a la alternativa casi hamletiana que se presenta al país, de optar entre la amnistía propuesta por el congresista Edgar Núñez, y la comisión revisora que plantea la congresista Mercedes Cabanillas, me inclino definitivamente por la primera. Es más técnica, más expeditiva y más eficaz. Se necesita, por cierto, que el Congreso de la República resuelva a optar por una fórmula que interesa al país en orden a poner término a la obstinada persecución de que vienen siendo víctimas un buen número de calificados hombres de uniforme que supieron comprometer su existencia y su tranquilidad para salvar al Perú de la agresión de una horda criminal.