Gallos de Pelea - FAS

Flores-Aráoz: Ya no tendrán que arriesgar sus viviendas para que el Estado los apoye

Lima, nov. 02 (ANDINA).- El ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, precisó hoy que los oficiales y personal de tropa de las instituciones castrenses investigados o procesados por actos de función tendrán similares derechos durante la defensa que ejerce el Estado a su favor.

Informó que el Gobierno, atendiendo al clamor de los miembros del Ejército, Marina y Aviación, y dentro de su política de bienestar con las Fuerzas Armadas, expidió el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG, que modifica el régimen legal de la defensa del Estado, principalmente en la lucha contra el terrorismo, cuando apoyen a la Policía en su función de cautelar el orden público.

Flores-Aráoz recordó que el anterior régimen de colaboración del Estado con los militares sometidos a investigación ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial, requería que los beneficiados otorgaran una garantía hipotecaria de su vivienda u otras garantías específicas, para devolver al Estado el costo de su defensa legal, en caso de que recibieran sentencia condenatoria.

Esto, explicó, reducía enormemente la posibilidad de cooperación económica del Estado, pues quedaba circunscrita sólo a quienes tuvieran vivienda propia susceptible de ser hipotecada.

Señaló que con el nuevo régimen, los costos de defensa legal que otorgue el Estado y su reembolso en caso de sentencia condenatoria, no estará sujeto a la garantía hipotecaria, con lo que no se pondrá en riesgo la vivienda del afectado.

“Si la sentencia es absolutoria, el Estado correrá con el costo de la defensa, pero si es condenatoria, se devolverá al Estado lo que hubiere sufragado por la defensa, y la devolución se hará mediante descuento por caja de no más del 30% de las remuneraciones o pensiones, hasta que se culmine el reintegro al Estado”, puntualizó.

Manifestó que este nuevo régimen incluye al personal de tropa, que anteriormente no estaba considerado, y la ayuda o cooperación del Estado es amplia, y comprende todas las etapas de la investigación y juzgamiento, habiéndose reducido sustancialmente los trámites para que el Estado otorgue su apoyo legal, lo que simplificará en gran medida todo el proceso.

Dijo que con esta norma se llena un gran vacío, pues mientras personas civiles, cuando son investigadas o juzgadas por temas vinculados con la lucha antiterrorista reciben apoyo de innumerables organizaciones no gubernamentales, “nuestros soldados y oficiales estaban huérfanos de apoyo oficial o para conseguirlo tenían que poner en riesgo su vivienda al constituir hipoteca”.

“Felizmente ya terminamos con esta injusticia”, aseveró Flores-Aráoz.

(FIN) NDP/FPQ